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lunes, 22 de junio de 2015

La Justicia federal admitió una demanda colectiva ambiental contra los OGM. LA CAPITAL

ARGENTINA:
The Federal Justice accepted a collective environmental lawsuit against GMOs.The court ruling is considered historic


A judge of the Federal Capital led a presentation asking suspend the release of GMOs and chemicals associated.Demand instructs the National Executive to provisionally suspend the uncontrolled release open field of Genetically Modified Organisms (GMOs) as marketing RR 2 PRO / liberty soybeans, in violation of the seed law in force, as well as is available to the "labeling" of products that contain them.

From December 21, 2012, the Supreme Court of Justice of the Argentina Nation (Supreme Court) has in his hands a class action lawsuit for environmental damage against the national government and multinational companies producing GMOs and pesticides package that is associated with them used in the Argentine agroindustrial production model from the early 90's.


LaCapital.com.ar

Sábado, 20 de junio de 2015  01:00
 | Economía

La Justicia federal admitió una demanda colectiva ambiental contra los OGM

Una jueza de la Capital Federal dio lugar a una presentación que pide suspender la liberación de transgénicos y agroquímicos asociados.

El fallo judicial se considera histórico. La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan.



Agro y ambiente. El modelo de producción agrícola intensivo es motivo de debate. Ahora se abre un round judicial.
Por Carlos Walter Barbarich / La Capital (economia@lacapital.com.ar
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes por sus implicancias sociales, políticas y económicas.
La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras OGM y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90. El fallo es considerado histórico.
La resolución dictada en la causa caratulada "Gimenez Alicia Fanny otros" (Expediente original Nº 22339/2014) reconoce idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos, como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos.
Los demandados son el Estado nacional, por incumplimiento del deber de control, y un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante (Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras), productoras de OGM, principalmente semillas de soja, maíz,algodón, arroz y el paquete químico atado a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes).
La modificación artificial del genoma de una planta, o "evento" en la jerga de estas empresas, fueron aprobados en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de treinta millones de hectáreas.
Además, se vierten más de trescientos millones de litros de agrotóxicos (veneno) al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea al ambiente, los ecosistemas, la salud y el patrimonio cultural de las personas.
La demanda atacaba principalmente a los OGM y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el i impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
Demanda. La demanda fue presentada por los abogados especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun. La misma sostiene que "se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción.
"Se exhorta al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo y que se condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados (flora y fauna) mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies", sostienen los abogados demandantes en su presentación.
"Para el caso de que ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento", sostiene la resolución.
LOS CASOS:

► Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida en el 2010. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.

► Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.

► Caso Tomasi. Fabián Tomasi, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.

► Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.

► Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía dos años, fué rociado en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.

Fuente: Diario La Capital-Rosario-República Argentina

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HISTÓRICO FALLO

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