SOCIEDAD › A UN AÑO DEL DERRAME EN LA MINA DE BARRICK GOLD EN SAN JUAN
Reclamos que siguen vigentes
La mina Veladero continuó operando después del pago de una multa por el vertido de un millón de litros de “solución cianurada”. Esta semana hubo una marcha en Jáchal.
Por Darío Aranda
Las asambleas de Andalgalá lograron detener la megaminería.
La canadiense Barrick Gold es la mayor minera de oro del mundo.
Fue el mayor derrame minero de Argentina. Al menos un millón de litros de agua con cianuro que contaminó los ríos sanjuaninos. La responsable, la empresa Barrick Gold, pagó una multa y siguió operando la mina Veladero. Numerosos estudios confirman la contaminación y, según consta en el expediente judicial, la empresa reconoce que funcionó durante tres semanas en situación de riesgo. También admite que opera sobre glaciares (prohibido por ley nacional). Los vecinos de Jáchal conmemoran esta semana el primer aniversario del derrame, exigen que se vaya Barrick Gold y rechazan nuevos emprendimiento en la provincia.
No hubo información oficial. El alerta llegó vía mensaje de texto, de trabajadores mineros que estaban en el yacimiento y alertaban a sus familias de Jáchal y pueblos cercanos para que no tomaran agua. A las 21 del 13 de septiembre de 2015 ya circulaban cadenas de WhatsApp que se replicaban entre los vecinos. A la medianoche, la población se congregó en la plaza principal, en reclamo de información oficial que no llegaba.
“El Intendente decía que no sabía. Y la Barrick y el gobierno provincial se tapaban mutuamente”, recuerda Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
La canadiense Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, primero ocultó el hecho. Al día siguiente reconoció el derrame de 15.000 litros, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada” (agua, cianuro y otros químicos).
“Nada volvió a ser igual. Toda nuestra cotidianidad se irrumpió. Nos marcó con una angustia que jamás olvidaremos, con nudo en la garganta y lágrimas que siempre recordaremos. Aún seguimos comprando agua envasada, con temores permanentes e información distorsionada por los responsables”, afirma el comunicado de la asamblea, que organizó el martes una marcha en la plaza de Jáchal.
Los vecinos destacan dos puntos principales: el daño provocado por Barrick Gold sobre las cuencas hídricas “es irreversible” y convoca al resto del país a gritar “nunca más” a la magaminería. Durante todo el año, los vecinos apuntaron a las responsabilidades del gobernador José Luis Gioja (y del actual Sergio Uñac).
Confirmado el derrame, se realizaron estudios, tanto de universidades públicas, organismos oficiales y de consultoras ligadas a la empresa y al gobierno. La Universidad Nacional de Cuyo, mediante el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería, confirmó que se contaminó con metales pesados peligrosos los ríos de deshielo. También confirmó valores elevados (contaminación) de manganeso, aluminio, arsénico, boro, cloruros y sulfatos.
La Secretaría de Ambiente de la Nación inspeccionó la zona luego del derrame. Confirmó que hubo impacto ambiental (aunque no precisó la magnitud), y denunció fallas en el sistema de gestión ambiental y precariedad en el canal por donde circulan el líquido contaminante. “El análisis de la Secretaría en el río Potrerillos dio 555 miligramos por litro de solución. En el informe lo tachan a mano y dejan 55 miligramos, que igual es muchísimo”, precisó Zeballos. Y recordó que no se trató de “sólo una válvula, como dicen los voceros de Barrick, también cedió un muro de contención que debía frenar la solución cianurada, lo que muestra la magnitud del derrame”.
La División Operaciones de Delitos Ambiental de la Policía Federal realizó un informe y determinó la contaminación de cinco ríos: “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Jáchal, Blanco, Potrerillos, Palca y Las Taguas”.
El expediente de la Dirección de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente confirmó que en la mina Veladero hubo al menos otros tres derrames: 31 de julio y 29 de noviembre de 2011, y 22 de marzo de 2012. Ninguno de los derrames fue informado a la comunidad y en todos los casos la empresa minimizó las cantidad (señala que fueron menos de 2000 litros de vertidos). La asamblea, con el hecho de 2015, cuestionó la veracidad de los dichos de Barrick.
En el expediente judicial (hoy en manos del juez de Jáchal Pablo Oritja) figura un informe de la empresa que reconoce que desde el 17 de agosto (casi un mes antes del derrame) funcionaba por encima del “código rojo”, con niveles elevados de líquido en el sistema de lixiviación (separación del oro de la roca, con uso de cianuro) y acepta que tiene almacenados tanques con mercurio desde hace años (en una zona reconocida como altamente sísmica). En el estudio de impacto ambiental de Barrick, en manos del juez, figura que existe glaciares en la zona de operaciones (hecho prohibido por la Ley Nacional de Glaciares).
Los vecinos mantienen desde hace once meses un acampe en la plaza de Jáchal, lo definen como “único medio de expresión” frente al silencio de los grandes medios de comunicación de la provincia. En mayo pasado, la Asamblea impulsó una consulta popular para que la población decida sobre la megaminería, pero el Concejo Deliberante no autorizó la votación. Se hizo palpable un concepto que denuncian las asambleas socioambientales: “A más extractivismo, menos democracia”.
Domingo Jofré, de la Asamblea de Jáchal, envió un mensaje a CEOs mineros y funcionarios políticos: “Aunque simulen nos vernos y no escucharnos, vamos a resistir, no queremos ser condenados al sacrificio en pos de la minería”.
SOCIEDAD › EL CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALA PROHIBIO LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
Un stop a la megaminería
Mediante la ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares. También prohibieron el uso de aguas para la actividad extractiva.
Por Darío Aranda
La localidad catamarqueña de Andalgalá conoce de megaminería hace veinte años, desde que se instaló el primer proyecto en Argentina (llamado Bajo la Alumbrera). Desde hace más de quince años que la comunidad denuncia las falsas promesas y rechaza nuevos proyectos. El Concejo Deliberante, por impulso de los vecinos, acaba de dar un golpe impensado: prohibió la megaminería y cerró el pasó al proyecto Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Es un logro de la lucha de la comunidad. En materia ambiental los pueblos tienen autodeterminación frente a gobiernos provinciales y nacionales, y Andalgalá ya dijo no a la megaminería”, afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo.
“Prohíbase la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río Andalgalá”, determina el artículo 1° de la ordenanza 029 del Concejo Deliberante. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico.
La ordenanza, de 16 carillas, señala en el artículo 3° la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva.
Rosario Carranza es parte de la Asamblea El Algarrobo. Explicó que la ordenanza tiene el mismo valor que el plebiscito que nunca les permitieron realizar y señaló que los concejales actuaron por “la presión popular” que desde hace años exige que se vayan las mineras.
El jueves 8 a la mañana, y de manera imprevista, los siete concejales de Andalgalá aprobaron la ordenanza 029/16, que prohíbe la megaminería en la localidad pionera de la actividad. En 1994, de la mano de Carlos Menem y del gobernador Arnoldo Castillo, llegó Minera Alumbrera, un consorcio de multinacionales canadienses y suizas para explotar el oro y cobre del oeste catamarqueño. Las promesas iniciales fueron un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de trabajo, un hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y desarrollo local.
Nada se cumplió. Sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en el yacimiento y se confirmaron roturas del dique de colas (un enorme piletón de residuos tóxicos que filtra contaminación al acuífero) y hubo al menos cuatro roturas del mineraloducto (caño de 300 kilómetros de extensión que transporta los minerales) con contaminación en distintas localidades de Catamarca.
En 2009 se conoció un proyecto minero (llamado Pilciao 16) que afectaba a gran parte del centro de la ciudad. Y en 2010 se produjo el corte de camino para cerrar el paso al proyecto Agua Rica (a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las vertientes de agua). El proyecto, en mano de la multinacional canadiense Yamana Gold, lo califican como “el tiro de gracia para Andalgalá”. De ahí la férrea oposición. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión sobre el corte de camino de la minera y la población respondió con una gran movilización popular. En 2010 estuvo a punto de realizarse un plebiscito, pero el Poder Judicial (por intervención del gobierno provincial) lo suspendió.
El intendente Alejandro Páez asumió con discurso crítico a la minería y sostiene que Agua Rica no se hará. Hace años le exigen un gesto político claro, la ordenanza. En 2015, asambleístas presentaron un proyecto de ordenanza, pero no tuvo tratamiento. El jueves pasado fue aprobado por unanimidad, incluso los tres concejales del Frente para la Victoria, alineados con la política provincial de apoyo a la actividad.
Desde la Asamblea El Algarrobo, espacio de referencia frente al extractivismo minero, lo explican como un paso más para cerrar el paso a Agua Rica.
La última semana de agosto, el juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción, Rodolfo Cecenarro, falló a favor de un amparo presentado por asambleístas y suspendió todas las actividades del proyecto Agua Rica. Lo hizo luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo había resuelto en favor de los vecinos pero envió la causa a la provincia. Sergio Martínez, también de El Algarrobo, recordó que el mismo juez fue el que ordenó la represión de 2010, lo cuestionó por criminalizar a los vecinos y pidieron su apartamiento. También aclaró que exigen la paralización definitiva de Agua Rica (no sólo la suspensión).
El mismo jueves de la ordenanza, la gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por el secretario de Minería de la Nación (Daniel Meilán) respondió: “Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería”. Y anunció que avanzará con nuevos proyectos. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo, cuestionó a los concejales, advirtió sobre “graves implicancias” y adelantó que la provincia analizará la legalidad de la ordenanza.
Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo, recordó que la minería no tiene licencia social en Andalgalá, y afirmó que los proyectos de la región violan la Ley de Glaciares y de Bosques. “El fallo judicial y la ordenanza nos hacen aún más fuertes, seguiremos con la movilización e impulsamos a otros municipios a ordenanzas similares”, destacó.
La ordenanza recuerda la vigencia de la Ley General del Ambiente y el principio precautorio: ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá impedir la toma de medidas de protección para la población y el ambiente.
Un año del desastre
Aunque numerosos estudios confirman la contaminación, la mina Veladero continuó operando después del vertido de un millón de litros de “solución cianurada”. Esta semana hubo una marcha en Jáchal.
Un stop a la megaminería
Mediante la ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares. También prohibieron el uso de aguas para la actividad extractiva.
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